La XV Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, a la que asisten altos representantes de las Cortes, Salas y Tribunales Constitucionales de 15 países de habla hispana y portuguesa de los continentes americano y europeo, continúa este jueves con un panel, una conferencia magistral y la declaración final.
Este miércoles 29 de mayo de 2024, la cita internacional que se desarrolla en Quito, comenzó con el panel sobre “Los aportes de las altas cortes al Ius Constitutionale Comune«.En este, el primero de los tres paneles que se desarrollarán durante el encuentro internacional, 11 ministros y jueces delegados de siete países expusieron experiencias y casos específicos, como una oportunidad para reflexionar sobre el papel de las altas cortes en el desarrollo del derecho constitucional y para fortalecer los lazos entre los sistemas judiciales de la región.
Gustavo Santander Dans, ministro presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, disertó sobre el diálogo jurisprudencial entre la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La juez de la Corte Constitucional del Ecuador, Teresa Nuques Martínez, expuso lo que significa el Ius Constitutionale Comune, como una alternativa para Latinoamérica.
José Alejandro Vargas, juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, explicó los Aportes del Tribunal Constitucional Dominicano al enfoque académico interno del Ius Constitutionale Comune.
El tema sobre las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos, estuvo a cargo de la juez de la Corte Constitucional del Ecuador, Alejandra Cárdenas Reyes.
Wagner Vallecillo Paredes, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, se refirió a la importancia de las sentencias emitidas por las altas salas y tribunales de justicia constitucional en el Ius Constitutionale y que forman parte de la jurisprudencia constitucional.
Daniela Salazar Marín, juez de la Corte Constitucional del Ecuador, disertó sobre la Interamericanización del derecho constitucional en la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana, para los cual se refirió a tres casos: el relacionado al diario La Hora sobre la libertad de expresión, el matrimonio igualitario y el doble conforme.
El impacto de las decisiones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, en el derecho interno, fue el tema a cargo de Juan Carlos Campo Moreno, magistrado del Tribunal Constitucional de España.
El juez de la Corte Constitucional del Ecuador, Enrique Herrería Bonnet, expuso sobre lo que es la eutanasia en Ecuador y realizó un análisis de la sentencia 67-23-IN/24.
El caso Puchana: Desafíos para la justicia constitucional, tuvo como expositor al magistrado de la Corte Constitucional del Perú, Gustavo Gutiérrez Ticse.
El juez de la Corte Constitucional del Ecuador, Richard Ortiz Ortiz, explicó lo que es el Presidencialismo y control constitucional de los decretos de urgencia económica.
Finalmente, Héctor Antonio Mery, magistrado del Tribunal Constitucional de Chile, se refirió a la práctica del Tribunal Constitucional chileno.
Este jueves 30 de mayo, la cita internacional continuará con el tercer panel que tiene como tema central, el precedente constitucional como fuente del derecho; la conferencia magistral del magistrado Josep Aguiló sobre “El precedente en pocas palabras”; y la declaración final.
La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional constituye un importante foro de diálogo e intercambio entre los órganos jurisdiccionales supremos con competencia en materia constitucional de los países de Iberoamérica, con el propósito de reforzar la concertación y los lazos de cooperación.
Cada dos años, la Conferencia se realiza en un país sede. Los más altos magistrados congregados en República Dominicana, en 2022, entregaron a la Corte Constitucional del Ecuador el alto honor de la organización de la edición XV, que se lleva a cabo en estos días.
La Corte Constitucional ecuatoriana es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional en Ecuador. Su misión es garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, así como el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
